En las denuncias, interpuestas ante la Delegación del Gobierno y la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional, la asociación ha constatado que el personal que presta servicios de control de "accesos, seguridad, vigilancia y protección" en el interior de las instalaciones de estos locales "realiza dichas funciones sin cualificación profesional ni habilitación como vigilantes de seguridad".

En un comunicado, ha asegurado que estos empleados pertenecen, con la categoría de "controlador", a dos empresas que no cuentan con la "preceptiva autorización administrativa" ni tampoco están inscritas como empresa de seguridad en el registro de la Dirección General de la Policía.

Sobre este punto, ha remarcado que el reglamento que desarrolla la Ley de Seguridad establece que "únicamente" pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privado integrado en el mismo.

La asociación ha solicitado que se investiguen los hechos y se adopten las medidas correctoras oportunas